2015-03-23
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 2 años y 3 meses de cárcel para el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y 7 años y 3 meses para su predecesor en el cargo, Sandro Rosell, por delitos fiscales y de administración desleal en el fichaje del brasileño Neymar.
Según han confirmado a Efe fuentes jurídicas, el fiscal del caso también pide en su escrito de acusación presentado ante el juez Pablo Ruz una multa de 22 millones de euros al Barcelona, que será juzgado como persona jurídica.
En el caso de Bartomeu, reclama esa pena carcelaria por delitos fiscales y a Rosell le añade un delito de administración desleal por su participación en el fichaje supuestamente fraudulento, por el que el club dejó de pagar a Hacienda 13 millones de euros en 2011, 2013 y 2014.
El magistrado de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, consideró que el club, Rosell y Bartomeu pudieron incurrir en tres delitos contra la hacienda pública.
El juez Ruz cifró en 83,3 millones de euros las cantidades pagadas por el traspaso del atacante brasileño en 2013, lo que, según él, 'eleva a más de 13 millones de euros el importe de la presunta defraudación' al fisco español.
Según Ruz, los diferentes contratos utilizados en esta compleja operación 'venían a encubrir u ocultar lo que en realidad constituían un mayor coste para el FCB' con el fin de 'eludir o aminorar de manera subrepticia el pago ante la Hacienda Pública' de los impuestos correspondientes a la operación.
Esta espada de Damocles judicial podría acabar dañando a Bartomeu, candidato a su propia sucesión en las elecciones a la presidencia del club previstas para mediados de este año.
Según han confirmado a Efe fuentes jurídicas, el fiscal del caso también pide en su escrito de acusación presentado ante el juez Pablo Ruz una multa de 22 millones de euros al Barcelona, que será juzgado como persona jurídica.
En el caso de Bartomeu, reclama esa pena carcelaria por delitos fiscales y a Rosell le añade un delito de administración desleal por su participación en el fichaje supuestamente fraudulento, por el que el club dejó de pagar a Hacienda 13 millones de euros en 2011, 2013 y 2014.
El magistrado de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, consideró que el club, Rosell y Bartomeu pudieron incurrir en tres delitos contra la hacienda pública.
El juez Ruz cifró en 83,3 millones de euros las cantidades pagadas por el traspaso del atacante brasileño en 2013, lo que, según él, 'eleva a más de 13 millones de euros el importe de la presunta defraudación' al fisco español.
Según Ruz, los diferentes contratos utilizados en esta compleja operación 'venían a encubrir u ocultar lo que en realidad constituían un mayor coste para el FCB' con el fin de 'eludir o aminorar de manera subrepticia el pago ante la Hacienda Pública' de los impuestos correspondientes a la operación.
Esta espada de Damocles judicial podría acabar dañando a Bartomeu, candidato a su propia sucesión en las elecciones a la presidencia del club previstas para mediados de este año.
