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¿Por qué nicaragüenses salen a protestar fuertemente en las calles?  

Un polémico paquete de reformas al sistema de pensiones impulsado por el gobierno tiene a miles de nicaragüenses en las calles.

2018-04-19

Cientos de manifestantes se enfrentaron este jueves a fuerzas antimotines en las calles de la capital nicaragüense en repudio a una reforma al sistema de pensiones, mientras el gobierno mandó a cerrar cuatro canales privados de televisión por informar de los choques.

Las protestas convocadas por universitarios, jubilados y vecinos comenzaron la mañana del jueves en las cercanías de la Universidad Nacional Agraria (UNA) en Managua, y luego se extendieron a otros recintos y ciudades vecinas, dejando una decena de periodistas agredidos.

'Ladrones' y 'el pueblo unido jamás será vencido', coreaban jóvenes y jubilados que enfrentaban la tarde de este miércoles a grupos movilizados por el gobierno para apoyar la medida en Managua.

Las manifestaciones de descontento a lo largo del día dejaron personas golpeadas, incluyendo periodistas, por escaramuzas entre los bandos.

Foto: Diez

El fotógrafo Alfredo Zúñiga, colaborador de AFP, relató que fue agredido por jóvenes afines al gobierno, quienes destruyeron comercios en el este de Managua.

Entre los sectores que rechazan la reforma destacan pensionados, universitarios y grupos opositores que acusan al gobierno de golpear a los sectores más vulnerables.

La vicepresidenta Rosario Murillo recordó que la decisión se hizo 'tomando en cuenta el bien de todos'.

La reforma no modifica la edad de 60 años para jubilarse, aunque aumenta de forma gradual la cuota patronal, de 19% en la actualidad hasta 22,5% en 2020.

Foto: Diez

La cuota para los trabajadores aumentará de 6,25 a 7% y deducirá 5% del monto de la pensión de los jubilados para atención médica.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), un aliado del gobierno en los últimos 11 años, rechazó el proyecto.

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) advirtió a su vez que la reforma provocará 'despidos y más desempleo' y proyecta que unos 200 millones de dólares dejarán de circular en la economía, lo que redundará en una desaceleración del consumo y mayor informalidad.

Funides, un centro de pensamiento de políticas económicas y sociales, acusó al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) de atribuirse funciones legislativas al modificar los aportes que recibe.

El presidente del INSS, Roberto López, justificó que la medida es necesaria para darle sostenibilidad financiera a la institución por un período de 10 años, tras lo cual se requerirá un nuevo ajuste.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó al gobierno efectuar reformas a esa entidad, entre las que sugería aumentar la edad de jubilación y las semanas cotizadas a lo que el gobierno y sindicatos afines se oponen.

Censura a medios -

El canal 15 de televisión por cable salió del aire. Según su director Miguel Mora, 'el gobierno ha ordenado a las empresas de cable sacar del aire la señal' lo que calificó de 'una clara violación al derecho a la libertad de prensa'.

Otros tres canales de señal abierta y por cable quedaron fuera del aire cuando transmitían información sobre las protestas.

'La libertad de expresión es fundamental en nuestra sociedad (..) demandamos que aquellos medios que han sido suspendidos puedan reiniciar sus labores de forma inmediata', exigió la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) en un comunicado.

La organización de escritores y periodistas afiliados a PEN Nicaragua denunció que al menos 11 periodistas fueron agredidos y algunos despojados de sus medios de trabajo por la policía y grupos oficialistas cuando cubrían las manifestaciones.

La organización demandó la reapertura de 'los medios de comunicación independientes' cerrados y llamó al gobierno a respetar 'la integridad física de los periodistas'.

'Los ataques contra personas que se manifestaban pacíficamente y los periodistas que cubrían la protesta, representan un intento flagrante e inquietante de restringir los derechos a la libertad de expresión y reunión', advirtió por su lado la directora para América de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas.