La jueza Fernanda Gomes Camacho, de la décimo novena sala civil del Tribunal de Justicia de Sao Paulo, consideró que la acción civil pública no puede determinar si una aplicación es “regular o irregular” y abogó por la continuidad de los servicios prestados por Uber.
La decisión, no obstante, podrá ser recurrida, según informó el tribunal.
El pasado mes de abril, un tribunal de Sao Paulo determinó la suspensión de las actividades de la compañía estadounidense o en caso contrario la empresa sería sancionada con una multa diaria de 100.000 reales (unos 32.467 dólares).
El juez Roberto Luiz Corcioli aceptó la denuncia realizada por el Sindicato de los Conductores y Trabajadores de las Empresas de Taxi del Estado de Sao Paulo, que alegó que los vehículos registrados en Uber no siguen las normas de identificación y no están sujetos a control administrativo.
Uber, fundada en 2009 en Estados Unidos, ofrece servicios de intermediación para transporte privado en 57 países y llegó el año pasado a Brasil, donde actúa en las ciudades de Sao Paulo, Brasilia, Río de Janeiro y Belo Horizonte.
La empresa mantiene también litigios en España y Alemania, entre otros países, a raíz de las protestas del sector de taxistas, que denuncian que la empresa ejerce una competencia desleal.
