El dirigente de Madagascar, de 60 años, al frente del fútbol africano desde marzo de 2017 y candidato a un segundo mandato, había sido detenido en junio de 2019 en París por sospechas de corrupción.
La justicia interna de la FIFA, de la cual Ahmad Ahmad es vicepresidente, estimó que el titular de la Confederación Africana 'faltó a su deber de lealtad, acordó regalos y otras ventajas, administró fondos de manera inapropiada y abusó de su función de presidente de la CAF', indicó esa instancia el lunes en un comunicado.
La investigación de la comisión de ética 'abarcó diversas cuestiones vinculadas con la gobernanza de la CAF, entre ellas la organización y la financiación de un peregrinaje a La Meca, sus relaciones con la empresa de equipamiento deportivo Tactical Steel y otras actividades', según la FIFA.
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Las acusaciones de la instancia serán detalladas en la decisión íntegra, publicada en un plazo de sesenta días en el sitio de la FIFA.
- Posible apelación al TAS-
Ahmad Ahmad, que abandonó temporalmente su puesto tras haber dado positivo al coronavirus, tendrá prohibida durante cinco años 'toda actividad relativa al fútbol', tanto a nivel nacional como internacional, y podrá apelar esta suspensión ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).
Este exentrenador de fútbol y hombre político, que fue secretario de Estado de Deportes y ministro de Pesca en Madagascar, había anunciado a finales de octubre que buscaría en marzo de 2021 un segundo mandato al frente de la CAF.
En 2019, Ahmad Ahmad había pedido ayuda a la FIFA para supervisar su organización, fragilizada por varias polémicas y problemas de gobernanza.
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La número dos de la FIFA, Fatma Samoura, había efectuado un mandato de seis meses, pero éste, que buscaba acelerar el proceso de reforma en el seno de la instancia, no fue renovado a principios de febrero de 2020.
Por otra parte, despedido en abril de 2019, el secretario general de la CAF, Amr Fahmy, había enviado una carta a la FIFA en la que acusaba a Ahmad de corrupción (pago de sobornos a varios dirigentes, uso personal de fondos de la CAF) y de acoso sexual a varias empleadas de la Confederación.
