¡Polémica! Filtran controversial cláusula en el contrato de Rodrigo de Olivera que pone en alerta al Motagua
En el contrato de Rodrigo de Olivera aparece una huella, firma y una cláusula que podría complicar el futuro del atacante uruguayo con el Motagua.
La situación de Rodrigo de Olivera sigue generando controversia en el fútbol hondureño luego de que se filtrara públicamente el contrato que firmó con el Olancho FC, específicamente la cláusula 9.4, hoy en el centro del conflicto legal. El documento ha tomado fuerza como prueba clave en el proceso que se ventila ante el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol (TNAF), donde el delantero uruguayo busca quedar plenamente habilitado para jugar con Motagua.
Mientras los abogados del futbolista, de Motagua y de los Potros han expuesto sus argumentos ante el TNAF para salir con un fallo favorable, el mayor rompe redes del torneo Apertura 2025-26, con 19 goles, se ha mantenido entrenando a tope con las Águilas. De Olivera no ha bajado la intensidad y se prepara para estar listo cuando se le permita hacer su estreno oficial en la Liga Nacional.
La espera estaría por llegar a su fin para el atacante oriundo de Montevideo. Diario DIEZ conoció que, según la información recabada, el tribunal considera fuera de lugar la postura que ha sostenido el equipo pampero en relación con la exigencia económica planteada.
El principal punto de fricción es la solicitud de 60,000 dólares por parte de Samuel García, presidente del Olancho FC, como condición para otorgar el finiquito al club capitalino. Desde Potros se argumenta que De Olivera no podía jugar con otro equipo de la Liga Nacional, interpretación que choca directamente con lo estipulado en el contrato firmado entre ambas partes.
La cláusula 9.4 establece que, en caso de rescisión unilateral del contrato, el jugador se compromete a no firmar con otro club afiliado a la Liga Nacional durante el resto de la temporada 2025-2026. Sin embargo, el entorno del futbolista activó la rescisión anticipada cuando aún restaban seis meses de convenio, amparándose en una cláusula de salida unilateral que tenía un valor económico de 4,500 dólares, monto que consideran fue correctamente ejecutado.
