España está intensificando su lucha contra el juego ilegal, tanto desde la eliminación de sitios sin licencia como desde el seguimiento a las cuentas de los jugadores. Con esta estrategia por dos vías la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) duplica esfuerzos para bloquear a los estafadores y mantener a salvo al creciente número de jugadores que disfrutan de los casinos online locales e internacionales.
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¿Qué función cumple la “policía del juego” en España y qué se puede aprender de su trabajo?
En los últimos meses, la DGOJ, el organismo encargado de otorgar licencias y controlarlas, ha logrado bloquear y deshabilitar catorce operadores de juego ilegales. A la vez esta acción envía un mensaje contundente, que equivale a decir que las plataformas de apuestas no autorizadas no serán toleradas en uno de los mercados más estrictamente regulados de Europa.
La ofensiva forma parte de una estrategia coordinada que involucra a las fuerzas del orden, los reguladores regionales y la "policía del juego". Estamos hablando de unidades policiales especializadas trabajan en estrecha colaboración con la DGOJ para monitorear, investigar y cerrar casas de apuestas y sitios online ilegales.
A través de algoritmos y sistemas de comprobación se aseguran de que el juego en España se mantenga dentro de la legalidad y la seguridad. Su misión no es solo hacer cumplir la ley, sino también proteger a los consumidores del fraude, el blanqueo de dinero y los riesgos asociados con el juego no regulado.
En el ojo de Europa (y de otros países como Honduras)
Estas acciones han llamado la atención internacionalmente. Países como Italia, Francia y Alemania, buscan replicar el modelo español de estrecha colaboración entre reguladores, instituciones financieras y organismos encargados de hacer cumplir la ley.
La eficacia del sistema español se subraya en estos territorios por su capacidad para imponer fuertes multas, más de 65 millones de euros solo en noviembre de 2024, dirigidas principalmente a operadores online extranjeros que ignoraron los requisitos de licencia. Sitios disponibles en Honduras y organismos reguladores toman nota de este accionar, también.
Pero la represión no se trata solo de castigo. El marco regulatorio español está evolucionando para abordar nuevos desafíos, como las “loot boxes” de los videojuegos y la cooperación internacional para destrabar bandas de ciberdelincuentes, el amaño de partidos y el juego basado en blockchain.
El fin último no es recaudatorio, sino de protección
La protección del jugador es otro de los pilares de esta estrategia de los españoles. Esto implica implementar salvaguardias sólidas para grupos vulnerables, especialmente adultos jóvenes y aquellos que muestran un comportamiento de juego de riesgo.
Ahora, los operadores deben alertar a los jugadores sobre patrones de riesgo, limitar el uso de tarjetas de crédito y excluir a las personas en riesgo de promociones y programas VIP. Los informes de actividad mensuales y las líneas de ayuda obligatorias también forman parte de las nuevas reglas, trasladando más responsabilidad a los operadores para garantizar un juego seguro.
Hacienda va detrás del fraude por suplantación de identidad en apuestas online
En el INCIBE, el organismo a cargo de las denuncias por ciberseguridad, recibieron el caso de un ciudadano que desconfiaba de un correo del Ministerio de Hacienda, pensando que era falso. Resultó que el correo era legal, no así los tributos que se le estaban imputando, que habían sido realizados por un individuo que usó su nombre para apostar y ganó en el casino.
La campaña de la Renta está siendo un dolor de cabeza para ciertos contribuyentes que, según reportan las autoridades policiales y algunas plataformas de asesoramiento fiscal, están descubriendo cómo la Agencia Tributaria (AEAT) les imputa ganancias por apuestas online que nunca han realizado, y por las que deben tributar.
Redoblar esfuerzos para evitar suplantaciones
Se trata de escenarios donde delincuentes suplantan la identidad de ciudadanos comunes para abrir cuentas en establecimientos de juego en internet, especialmente para realizar apuestas deportivas.
El procedimiento es engañoso, cuanto menos. Los estafadores se registran en la plataforma usando datos “usurpados”, que a menudo han sido obtenidos mediante filtraciones en la web, a veces por haber escaneado el DNI. El dinero ganado en estas apuestas va a la cuenta bancaria de los delincuentes.
El problema surge cuando, en el borrador de la declaración de la Renta, Hacienda exige el pago de los impuestos sobre esas ganancias que el estafador ha obtenido. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) recuerda un caso similar de 2023, donde un contribuyente recibió un correo electrónico de la Agencia Tributaria exigiendo el pago del 24% de ganancias por apuestas online en fútbol de años anteriores, que ascendían a más de 25.000 euros, a pesar de que nunca había apostado.
Este tipo de fraude subraya la necesidad urgente de fortalecer las medidas de seguridad y verificación de identidad en las plataformas de juego, y de aumentar la concienciación ciudadana sobre los riesgos de la suplantación de identidad en el entorno digital.