Microsoft asegura en su demanda que ha recibido 5.624 peticiones de información por parte del Gobierno en los últimos 18 meses y en casi la mitad de los casos, un total de 2.576, la compañía no pudo informar a los clientes de que los agentes federales estaban inspeccionando sus datos.
La demanda, presentada en un tribunal federal de la ciudad de Seattle, donde Microsoft tiene su sede, promete desatar otro enfrentamiento de alto nivel entre una empresa tecnológica y el Gobierno y llega poco después de la pelea de Apple con el FBI por el acceso a un teléfono iPhone.
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“Esta mañana presentamos una demanda en un tribunal federal contra el Gobierno de Estados Unidos para defender los que nos parecen son los derechos constitucionales fundamentales de nuestros clientes, derechos que protegen la privacidad y promueven la libertad de expresión”, indicó Brad Smith, principal asesor legal de Microsoft, en el blog oficial de la compañía.
La empresa cree que, “salvo en contadas excepciones”, los clientes y los negocios tienen el derecho a saber cuándo el Gobierno accede a sus correos electrónicos o otro tipo de datos.
“A pesar de eso, se está convirtiendo en rutinario para el Gobierno de Estados Unidos el emitir órdenes que exigen a los proveedores de servicios de email mantener ese tipo de demandas legales en secreto”, subrayó Smith.
La empresa considera que la situación “ha ido demasiado lejos”, por lo que explicó que ha decidido recurrir a los tribunales para que evalúen la situación.
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“Estas órdenes secretas violan la Cuarta Enmienda (de la Constitución), que otorga a las personas y las empresas el derecho a saber si el Gobierno indaga en sus propiedades”, afirmó el principal asesor legal de Microsoft.
Añadió que el comportamiento del Gobierno viola también la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza, según recordó Microsoft, el derecho de la empresa a informar a los clientes si las acciones del Gobierno afectan a sus datos.
La firma tecnológica afirmó que esta demanda ofrece “una oportunidad” al Departamento de Justicia para adoptar nuevas reglas que establezcan “límites razonables” en el uso de las órdenes secretas.
